Igual que todos, también me escandaliza, enerva y subleva a diario la violencia criminal institucionalizada en el país, pero cosa distinta es caer en la primitiva, populista y demagógica seducción de mandar al paredón a estos antisociales. Las razones de peso son varias:

1) Científicamente probado está que la pena de muerte no tiene capacidad disuasoria ni intimidatoria: aquellos países en que se aplica no han visto reducidos significativamente sus niveles de delincuencia;

2) Las posibilidades de error en el juzgamiento son extremadamente elevadas (como lo prueba el Proyecto Inocencia, una agencia de Nueva York que lidera el abogado Barry Scheck, y que ya exculpó a centenares de sentenciados a muerte en EE.UU. por medio de exámenes de ADN);

3) La sociedad peruana caería en un relativismo moral al equiparar los antivalores del crimen con los valores trascendentes que nos definen como civilización: un Estado no puede homologarse con la delincuencia instituyendo un castigo de graves connotaciones vengativas;

4) Y no poca cosa sería incorporar al debate público, ya excesivamente crispado y polarizado, esta figura, para la cual además se requeriría una difícil modificación constitucional y la denuncia del Pacto de San José, que lo prohíbe.

Por estas y otras razones, posts, lemas o campañas como éstos son particularmente desinformados, incultos, irresponsables pero sobre todo peligrosos.